¿Qué es un partido político?
“Los partidos políticos son asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democrática- mente, dotadas de personalidad jurídica de derecho público, integradas por personas naturales que comparten unos mismos principios ideológicos y políticos, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del sistema democrático y ejercer influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional”. (CHILE, 2017)
Corrupción: dentro de un enfoque social y legal se encuentra definida como la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos. Partidos políticos como espacio de representación, ¿cómo afecta la corrupción?
El fin de un partido político es contribuir al sistema democrático y ejercer influencia en el control del estado para alcanzar el bien común y servir al interés nacional. Son fundamentales para la vida política de un país, ya que son los bastiones de la democracia al ser espacios de representación e interés ciudadano, independiente de la ideología que persigan. Pero si pensamos en espacios que representen a la sociedad, pocos mencionarían a un partido político, de hecho, según una encuesta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) solo un 5% de los chilenos dice confiar en un partido político, mientras que el 83% no se identifica con ninguno y el 63% considera que existe mucha corrupción dentro de los mismos.
La corrupción es uno de los principales problemas de Latinoamérica para alcanzar el desarrollo, también llamado el “cáncer de América Latina”, se estima que alrededor de U$2.6 billones se fugan a través de sobornos, algo así como el 5% del PIB mundial. En la región, diversos son los casos de corrupción que han salpicado a varios países, golpeando incluso a presidentes como Mauricio Macri y Dilma Rousseff. Odebrecht y Petrobras en Brasil; Panamá Papers y Papeles del Paraíso a nivel mundial; Penta y SQM en Chile son la evidencia del escaso control que existe en la regulación (o autorregulación) a quienes son elegidos para cargos de alto nivel.
El caso SQM fue descubierto a través del caso Penta, que se originó debido a una demanda laboral por indemnizaciones, ambos casos se identifican por financiar ilegalmente a parlamentarios de varios partidos políticos, a cambio de beneficios y/o favores para las empresas, a tal punto que se enviaban textos a parlamentarios que después eran parte de leyes en forma textual. Finalmente, solo el caso Penta termino con condenados, SQM solo con formalizados ya que el Servicio de Impuestos Internos declino querellarse contra los responsables, dejando al ministerio público sin herramientas para seguir investigando. Esto género en Chile un enorme sentido de impunidad y corrupción entre política y dinero, además, de privilegiar a los poderosos, quienes solo pagaron multas por los delitos cometidos ya que antes de la entrada en vigor de la agenda anticorrupción impulsada por el gobierno, era legal que una empresa financiara anónimamente a candidatos políticos. Caso aparte es Penta, que termino con el arresto de un ex ministro, un ex subsecretario y un parlamentario desaforado.
Según datos de Transparencia Internacional, el índice de percepción de la corrupción en Chile el año 2014 era de 7.3, que al año 2017 paso a ser 6.7, en el cual entre más cerca de 1 más corrupción existe en un país, siendo el peor resultado desde 1997, cuando la percepción de corrupción era de 6.0.
Es por ello por lo que también resulta difícil mirar a un partido político como espacio de representación, entendiendo que quienes ejercen cargos de elección popular, se deben al bien público y no a intereses particulares de personas o grupos económicos. Si bien la agenda anticorrupción es un avance, el actual estado debiera generar preocupación ya que aún no es aprobada en su totalidad, más bien solo presenta un avance de 63% de las medidas planteadas por el ejecutivo.
Esto habla de lo frágil que resulta para las democracias, principalmente Latinoamericanas, establecer reglas claras para quienes pretenden representar a la ciudadanía, ya sea por conflictos de intereses hasta financiamiento ilícito, pasando por paraísos fiscales y leyes hechas a la medida, como también la falta de atribuciones de los entes gubernamentales responsables, la falta de investigación y medios de comunicación que se interesen por informar la realidad y por supuesto, una sociedad empoderada que no tolere y comprenda que al transar la fe pública, debe ser sancionado más allá de las multas.
